El titular de la Fepade, Santiago Nieto, fue destituido este viernes de su cargo pocos días después de asegurar que había recibido presiones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública.
Lozoya ha sido acusado por tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, algunos de ellos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que el exdirector de Pemex participaba como jefe de asuntos internacionales.
La FEPADE abrió un expediente sobre Lozoya el pasado agosto, poco después de que se conocieran las denuncias de los tres exdirectivos de Odebrecht. Esta semana, Nieto dio a conocer el contenido de una misiva que le envió el que fuera máximo responsable de Pemex.
“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte», relató Nieto en una entrevista al diario Reforma.
«Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave», añadía Nieto.
Nieto ha sido destituido por «transgredir» el código de conducta de la Procuraduría General de la República (PGR), según ha informado la institución en un comunicado. La decisión ha sido tomada por el procurador interino, Alberto Elías Beltrán, después de la renuncia, el lunes, del titular, Raúl Cervantes.
Tras conocer la decisión, Nieto ha escrito en su cuenta de Twitter: «Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución».
Los partidos de oposición, PAN, PRD y Morena han exigido a la PGR que les detalle el por qué de la decisión y buscarán que el Senado restituya a Nieto en el cargo. El líder del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que su partido objetará la decisión de la Procuraduría: «Nos parece un acto inaceptable y autoritario, además de que enrarece el ambiente de cara al proceso electoral de 2018», aseguró.
La sombra de Odebrecht planea cada vez con más fuerza en el país. En el acto que anunció su adiós, Cervantes aseguró que estaba lista la investigación sobre “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, en referencia al ‘caso Odebrecht’, aunque no citó el nombre de la constructora brasileña. Hasta ahora, México ha sido el único gran país de América Latina que apenas se ha visto salpicado por el entramado corrupto.
Tres exdirectivos de Odebrecht han asegurado, en declaraciones juradas, que Lozoya, una persona de la máxima confianza de Peña Nieto, recibió sobornos por valor de 10 millones de dólares entre 2012 y 2016 por ayudar en la firma de contratos.
Los documentos y testimonios apuntan que Lozoya solicitó y recibió 4.1 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, es decir, durante y después de la campaña electoral de las presidenciales mexicanas de ese año. Los responsables de Odebrecht aseguran que ese pago respondía a una manera de asegurarse el favor de alguien que por aquel entonces se consolidaba por su cercanía al hoy presidente.
En esta línea Nieto, titular de la fiscalía ocupada de la deriva electoral del caso, aseguró que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que prepara una denuncia contra los responsables.
«Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas», sentenció Nieto.
La decisión de este viernes es la primera de calado que adopta Alberto Elías Beltrán, encargado de sustituir a Cervantes al frente de la PGR. Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia desde noviembre, Beltrán fue uno de sus colaboradores más cercanos. Beltrán se convirtió en portavoz de algunos casos emblemáticos de la gestión de Cervantes, la extradición de exgobernadores del PRI acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, fueron capturados en el extranjero.